Cronologia en la eliminacion del Subsidio a los carburantes.

 

En 1974 el gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) en plena situación de bonanza petrolera emitio un decreto en donde una de las principales medidas consistía en la eliminación del subsidio a los carburantes, introducido en el país . 

A pesar de los cambios económicos posteriores, ningún gobierno se ha atrevido a retirar la subvención debido al coste político que supone, y esto a pesar de ser tremendamente oneroso para las arcas del país, no ser eficaz en términos redistributivos y desincentivar el ahorro energético. 

La eliminación del subsidio es algo que debe debatirse por su insostenibilidad, pero debe acompañarse de toda una batería de medidas de compensación para aminorar el impacto en las economías familiares más débiles. 

Por no hablar de una transformación radical de las políticas urbanas de movilidad que piense en términos de sostenibilidad y un cambio progresivo en la cultura petrolera del país.

El estallido social tuvo dos características, fue breve y extremadamente virulento. Se registraron 11 fallecidos, 1.192 detenidos, 1.340 heridos y 12 personas con lesiones permanentes oculares. Estas cifras pueden encontrarse en el último informe ejecutivo de la Defensoría del Pueblo Ecuatoriano presentado el 14 de octubre de 2019.

Desde hace varios años, el debate político se encuentra embarrado en una disputa entre partidarios y detractores del anterior presidente. Cualquier acontecimiento pasa por estas claves de discusión, lo que ha generado posicionamientos irreconciliables que dificultan el desarrollo normalizado de la vida política en el país.

En estas elecciones, vuelve a ganar la coalición de Alianza País con un nuevo candidato, Lenín Boltaire Moreno Garcés, vicepresidente del primer gobierno de Rafael Correa en el periodo 2006-2009. Poco después de asumir el poder se convertirá en el principal detractor de Correa. Meses después de las elecciones y con la coalición en descomposición debido a las disputas internas, la facción correísta de Alianza País abandona el partido, constituyéndose como Movimiento Revolución Ciudadana e integrándose en 2018 al Movimiento Acuerdo Nacional (Mana), con el que también ha habido fuertes tensiones internas.

Las acusaciones de corrupción al gobierno de Correa, lideradas curiosamente por el nuevo gobierno de Alianza País, desvían la atención sobre los procesos económicos de neoliberalización de la economía como respuesta a la crisis. En algunos casos, incluso, permiten justificar y legitimar las medidas incidiendo en el fracaso del modelo económico anterior y la corrupción generalizada.

El organismo había sido expulsado del país en 2008 por Correa, pero el mismo mandatario le volvió a abrir la puerta en 2016, con la entrega de un crédito de 364 millones de dólares. Cf. Julio Cesar Guanche en www.sinpermiso.info/textos/ecuador-el-comienzo-del-fin-del-gobierno-de-lenin-moreno-dossier.

El “paquetazo” incluía también reformas que afectaban al sector público: reducción del 20 % de las remuneraciones de los contratos temporales firmados en dicho sector, reducción de las vacaciones de los empleados públicos de 30 a 15 días, destino a la hacienda pública de un día de salario por mes.

Desde 1990 hasta 2019, se produjeron seis levantamientos indígenas: durante el mandato de Rodrigo Borja (1990), de Sixto Durán Ballén (1994), de Abdalá Bucaram (1997), de Jamil Mahuad (2000), de Lucio Gutiérrez (2005) y de Rafael Correa (2012). En tres de estos levantamientos se intervino directamente o en colaboración con otros sectores sociales en la caída del gobierno como es el caso de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez.

La dispersión violenta y por sorpresa de una concentración de varios miles de personas alrededor del edificio de la Asamblea Nacional provocó numerosos heridos. El mandatario ecuatoriano había llamado horas antes a un diálogo directo con las organizaciones indígenas, pero el ataque generó la sensación de que estaban siendo engañadas por el gobierno.

Este término, extendido por los sectores conservadores en América Latina y trasladado también al campo político en España, trata de advertir sobre la presencia de un eje ideológico de izquierdas Habana-Caracas que estaría detrás de regímenes caracterizados por la falta de libertades, el autoritarismo y el deterioro económico. El riesgo de una “venezuelización” de las sociedades es ondeado como generador de pánico social, proporcionando sentido a problemas de orden exclusivamente local y orientando toda acción política a su denuncia y persecución.

Fue significativa la comunicación televisada que hizo el presidente el lunes 7 de octubre rodeado por el Ministro de Defensa y tres altos mandos militares.

En los levantamientos anteriores, las calles del centro histórico y la plaza de la Independencia, donde se encuentra el palacio presidencial de Carondelet, jugaron un importante papel en el desarrollo de las marchas, simbolizando la toma del pueblo de los espacios del poder político y la materialización, por medio de la presión social, de la caída de varios gobiernos en el país.

De hecho, nuevas medidas de ajuste se fueron gestando en los meses posteriores y han podido ser aplicadas con toda tranquilidad en el escenario actual gracias a la excepcionalidad que ha significado a escala mundial la pandemia del coronavirus.

Algunos fueron emplazados bajo prisión preventiva por delitos de rebelión, como fue el sonado caso de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

Me refiero a las amenazas de cierre de algunos medios comunitarios o la salida del aire de Radio Pichincha Universal por el tipo de cobertura que realizó durante el paro.

Esto no solo suponía una forma de desestimar sus capacidades de liderazgo, sino que invisibilizaba la fuerte tensión existente entre el movimiento indígena y Rafael Correa por temas territoriales, políticos, de extractivismo y agua desde 2010, y por la que los primeros vivieron una fuerte represión en 2015.

El Ministerio Público convocó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas; al del Movimiento Indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza; y al del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, a declarar entre diciembre 2019 y enero 2020 por un presunto delito de secuestro tras la retención de varios policías y periodistas en la Casa de la Cultura de Quito, el 10 de octubre.

https://www.extra.ec/noticia/actualidad/protestas-cynthiaviteri-jaimenebot-seguridad-guayaquil-3183850.html

Este discurso propició uno de los hechos más lamentables que se vivieron durante el paro: una operación policial encabezada por la ministra de Gobierno María Paula Romo, en el aeropuerto de Quito el 10 de octubre, en el que detuvieron a 19 personas, entre ellas 17 venezolanos trabajadores de Uber/Cabify a los que se les acusó de estar organizando un ataque a la seguridad del Estado. Tres meses después, la Fiscalía no encontró evidencias y, a mediados de febrero de 2020, un juez confirmó la inocencia de los sospechosos y declaró que todos eran taxistas de aplicaciones móviles. Cf. https://www.elcomercio.com/actualidad/juez-inocencia-venezolanos-detenidos-paro.html

Con estos últimos, las conexiones son más ambiguas aún, y hacen referencia a la guerrilla y la idea de que son poblaciones portadoras de violencia debido al conflicto armado en Colombia.