El CIADI y Demandas de Inconstitucionalidad en Ecuador

 

Demandas de inconstitucionalidad presentadas por varios actores respecto al CIADI

Demandas presentadas por:

Procurador Judicial de la Abogada Esperanza Guadalupe Llori Abarca, Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador
Demanda de Inconstitucionalidad CIADI presentado

Ricardo Ulcuango Farinango, Asambleísta Nacional del Ecuador
Demanda de Inconstitucionalidad CIADI  presentado

Esther Adelina Cuesta Santana, Migrante, Asambleísta por la Circunscripción del Exterior por Europa, Asia y Oceanía
Pamela Alejandra Aguirre Zambonino, Asambleísta por la provincia de Imbabura
Monica Estefania Palacios Zambrano, Migrante, Asambleísta por la Circunscripción del Exterior por Estados Unidos y Canadá
Blasco Remigio Luna Asambleísta por la Provincia de Cañar
Demanda de Inconstitucionalidad CIADI presentado

Rebeca Viviana Veloz Ramirez Asambleísta por la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas
Virgilio Humberto Hernandez Enriquez Asambleísta Parlamento Andino

Demanda de Inconstitucionalidad CIADI  presentado

El CIADI es la institución a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. 

Posee experiencia en este ámbito, ha administrado la mayoría de los casos de inversión internacional. 

Los Estados han acordado que el CIADI sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión.  Mayor información.

El excandidato presidencial del progresismo que logró captar más del 48% de votos a nivel nacional, Andrés Arauz, lamenta que la Asamblea Nacional no haya dicho nada sobre el Convenio del CIADI, que permite que las empresas extranjeras puedan meter arbitrajes (juicios privados) en contra del Estado ecuatoriano, sin pasar por la justicia ecuatoriana.

En una carta publicada en su cuenta de facebook, admitió que es “triste para quienes amamos la Patria”, que el Parlamento no se haya pronunciado sobre un tema tan relevante para todos.

"Hoy fue un día muy triste para quienes amamos a nuestra Patria, para quienes creemos en el Estado como lo que nos representa y pertenece a todos y a todas. Hoy se venció el plazo establecido en el artículo 418 de la Constitución para que la Asamblea diga "algo" sobre el Convenio de Washington. Este Convenio, también llamado el Convenio del CIADI, permite que las empresas extranjeras puedan meter arbitrajes (juicios privados) en contra del Estado ecuatoriano, sin pasar por la justicia ecuatoriana. 

Las empresas que quieren privatizar la riqueza nacional siempre buscan la protección del CIADI, un brazo del Banco Mundial con sede en Washington, para blindarse frente a futuras regulaciones ambientales, laborales o tributarias. Quienes defienden al CIADI dicen que es para promover la inversión extranjera, pero es sencillo preguntarles: ¿qué proyectos de inversión van a venir?, ¿qué fabrica se va a construir?, ¿qué obra se va a construir? o ¿qué empleos específicos se van a generar? No tendrán respuesta, la "inversión extranjera" a la que se refieren es exclusivamente la privatización de la infraestructura petrolera, eléctrica, vial y de telecomunicaciones. Por ejemplo, el gobierno ya firmó la nueva política petrolera en donde dice que el arbitraje internacional es un pilar de la política de privatización de los campos petroleros. 

Bueno fuera que lo del CIADI busque promover la inversión, pero la experiencia con el CIADI que ya vivió nuestro país fue terrible. Perdimos 2000 millones de dólares. Árbitros privados que dijeron que las leyes de nuestro país eran demasiado duras contra las empresas transnacionales. Árbitros que dicen que las empresas extranjeras violaron la ley, pero que igual la multa la debe pagar el Estado ecuatoriano; es decir, el pueblo ecuatoriano. 

Lo más triste es que hace pocos días, un grupo de árbitros del CIADI decidió que Ecuador debe pagar $412 millones a Perenco, una petrolera que operaba desde el paraíso fiscal de las Bahamas. Pero como Ecuador había salido del CIADI en 2009, el ministro de finanzas no iba a tener la base legal para pagar esa multa, pues el CIADI ya no era parte de la ley ecuatoriana. ¿Qué hizo el gobierno? En vez de solicitar que Perenco primero pase por la justicia ecuatoriana si quería recibir el pago, más bien fue a Washington a firmar el Convenio del CIADI. Entendamos esto compatriotas... se firma un tratado para que el Ecuador pague $412 millones a una sola transnacional petrolera que opera en una guarida fiscal. Esa cantidad de dinero es enorme... imaginense ese dinero invertido en la educación de los más pequeños o en la dotación del cuadro básico de vacunas de nuestros niños. O por último, en las universidades y municipios de nuestro país para mejorar la obra pública y generar trabajo en todos los cantones.

Y como era indefendible este tratado, el gobierno empujó a la Corte Constitucional para que diga que el tratado se salte a la Asamblea Nacional. Es decir, para que no haya deliberación democrática. La Corte Constitucional, a pesar de haber recibido más de una docena de amicus curiae (opiniones externas), las ignoró todas. Tampoco dio paso a recusaciones claves de dos de los jueces: la de Teresa Nuques, impulsora del retorno al CIADI y la de Hernán Salgado, cuya hija es la abogada del Ecuador ante el CIADI, en su calidad de directora de arbitraje internacional de la Procuraduría. Sin esos 2 votos, la Corte solo hubiera tenido 4 votos y esa decisión no se hubiera aprobado. 

Cuando la indignación ciudadana presionó a que el asunto se trate en la Asamblea, hace dos semanas se "dañó el sistema electrónico de votación". Luego se aprobó la inclusión en el orden del día la semana pasada, pero recién se debatió hoy. Y hoy, instantes antes de votar, se suspendió el debate. 

Lo más probable es que el gobierno ratifique el Convenio del CIADI sin que la Asamblea diga nada. Eso da vía libre a la privatización del petróleo ecuatoriano. 

Sin embargo, aún quedan opciones para la Asamblea y para la ciudadanía:

1. Demandar la inconstitucionalidad del Convenio del CIADI (la Corte sólo se pronunció sobre el artículo 419, pero hay varios otros artículos de la Constitución que el Convenio del CIADI incumple). 
2. Evitar que en el Presupuesto del Estado conste una partida para pagar a Perenco Bahamas. E incluir una resolución para que el pago a Perenco solo pueda ser dentro del país, previo el reconocimiento previo de laudo arbitral por parte de la justicia ecuatoriana. 
3. Normar el consentimiento a arbitraje internacional mediante una ley para que requiera pronunciamiento previo de la Corte Constitucional en cada caso. 
4. Plantear la inconstitucionalidad de instrumento de ratificación del Convenio del CIADI, pues se incumplió el término "inmediatamente" del artículo 418 de la Constitución.

Son temas que parecen técnicos, pero están diseñados así para confundir a la ciudadanía y que parezcan temas etéreos. En resumen, el gobierno decide volver al CIADI a empujones, saltándose a la Asamblea y con irregularidades en la Corte Constitucional con dos objetivos claros: 

(1) privatizar lo más valioso que tiene el Estado y 

(2) justificar el pago de $412 millones a Perenco.

Investiguemos y pidamos cuentas a las autoridades de la Asamblea. 

Busquen Perenco o CIADI en Youtube o Google o Google Scholar y encontrarán mucho material para enterarse mejor.

Casi no me he involucrado en la política nacional luego del 11 de abril, pero este tema es demasiado importante y decidí hacerlo".