MANIFIESTO EN DEFENSA DEL PETRÓLEO ECUATORIANO

¡Defendemos el patrimonio estratégico Nacional!

Ecuador, 12 de Julio de 2021

El 7 de julio pasado, mediante decreto ejecutivo 95, el gobierno nacional expidió un plan de acción inmediato para privatizar la industria petrolera ecuatoriana, especialmente para trasladar la renta petrolera a empresas privadas especialmente las extranjeras, violando las disposiciones constitucionales que determinan que los recursos naturales no renovables son propiedad inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado ecuatoriano (Art. 1 CRE); por lo que éste tiene competencias exclusivas sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales (Art. 261, numeral 11 CRE) y se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos (Art. 313 CRE); y que sólo de forma excepcional podrá delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de las actividades de los sectores estratégicos, solamente en los casos establecidos por la ley (Art. 316 CRE).

Sin ningún tipo de estudio técnico que justifique la excepcionalidad de la que se habla en el artículo 313 de la Constitución de la República, dispone en el decreto mencionado que en el plazo de 100 días se proceda a:

Reformular el modelo de contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos que reducen la participación del Estado en beneficio de las empresas transnacionales y someternos al arbitraje internacional (CIADI) en caso de controversias, justo cuando se da una recuperación importante en el precio internacional del petróleo.
Identificar los campos petroleros, las refinerías, el sistema de transporte, la comercialización internacional de crudo y derivados, que se van a entregar a la iniciativa privada para incrementar la producción hidrocarburífera, sin mediar ningún sustento técnico.
Iniciar de manera prioritaria e inmediata la venta de todas las estaciones de servicios de Petroecuador.
La creación de un fondo de sostenibilidad petrolera supuestamente para erradicar la desnutrición infantil, y que muy probablemente sirvan para beneficiar a los bancos con el pago de papeles de la deuda externa, lo cual además es también inconstitucional puesto que generan pre asignaciones que están prohibidas por el mandato constitucional.

Para allanar el proceso de privatizaciones se señala que en un plazo de 30 días el gobierno presentará un proyecto de ley para allanar el camino de las privatizaciones de todas las actividades de la industria petrolera nacional que nos pertenece a todos los ecuatorianos.

Frente a esta política de privatización del patrimonio nacional, resolvemos:

Rechazar el plan de privatización de los activos petroleros del país y exigir a la Asamblea Legislativa el archivo de los proyectos de reformas legales que viabilizan este plan de despojo del patrimonio nacional.
Rechazar la suscripción del convenio para que el Ecuador regrese al CIADI, por violación expresa del Art. 422 de la Constitución que prohíbe cualquier tratado que ceda soberanía a instancias de arbitraje internacional.
Exigir el congelamiento de los precios de combustibles y la derogatoria de los Decretos 1054, 1158 y 1183 que permiten la liberalización de los precios de combustibles.
Solidarizarnos con las demandas legítimas de los productores agropecuarios afectados por políticas que han eliminado los precios de sustentación, el sistema nacional de almacenamiento, la asistencia técnica y de insumos. Demandamos también el control del contrabando de productos agrícolas que está destruyendo la producción y el empleo en los sectores campesinos.
Convocar a los amplios sectores sociales, económicos, productivos y ciudadanos a la conformación de un gran Frente en Defensa del Patrimonio Nacional, los Derechos y la Vida, para plantear al país y al gobierno propuestas alternativas para que la renta petrolera, así como la todos los activos productivos del Estado estén al servicio de la ciudadanía y de los intereses estratégicos de la Nación.